25 de agosto de 2026
Señor
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Presidente de la República de Colombia
Bogotá, Colombia
Asunto: Solicitud de garantías para los migrantes venezolanos ante los nuevos operativos migratorios
Señor Presidente:
Me dirijo respetuosamente a usted, en mi condición de presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), para expresar nuestra preocupación ante el anuncio de operativos dirigidos a localizar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular en Colombia.
Reconocemos plenamente el derecho y la obligación del Estado colombiano de proteger la seguridad nacional, hacer cumplir sus leyes y actuar con firmeza contra cualquier persona —colombiana o extranjera— involucrada en actividades delictivas. Quienes cometan delitos deben responder individualmente ante la justicia, con respeto a las garantías constitucionales y legales.
Sin embargo, consideramos indispensable diferenciar claramente entre criminalidad e irregularidad migratoria. Carecer de documentación vigente no convierte automáticamente a una persona en delincuente ni debe generar una presunción colectiva de peligrosidad contra toda una comunidad.
Durante años, Colombia ha recibido generosamente a millones de venezolanos que escaparon de la persecución política, la crisis humanitaria y el deterioro institucional de Venezuela. Muchos de ellos trabajan, pagan impuestos, han formado familias y contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de Colombia.
La aplicación generalizada de medidas de deportación podría colocar en peligro a venezolanos que necesitan protección internacional, especialmente opositores, militares disidentes, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas perseguidas. Su devolución a Venezuela podría exponerlos a detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas o represalias políticas.
Por estas razones, solicitamos respetuosamente a su Gobierno:
- Diferenciar públicamente entre los extranjeros que hayan cometido delitos y aquellos cuya única infracción sea no haber logrado regularizar su situación migratoria.
- Garantizar una evaluación individual antes de ejecutar cualquier deportación, respetando el debido proceso, el derecho a solicitar refugio y el principio internacional de no devolución.
- Excluir de los procedimientos de expulsión a las personas que puedan demostrar riesgo de persecución, tortura o amenaza contra su vida o integridad si regresan a Venezuela.
- Considerar un nuevo proceso de regularización para los venezolanos que trabajan, estudian, tienen hijos o mantienen vínculos familiares y comunitarios en Colombia.
- Evitar discursos o actuaciones que puedan criminalizar colectivamente a la comunidad venezolana o estimular actos de discriminación y xenofobia.
- Convocar a organizaciones venezolanas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para desarrollar una política migratoria que combine seguridad, legalidad y protección humanitaria.
Señor Presidente, combatir la delincuencia es legítimo y necesario. No obstante, convertir la irregularidad migratoria en una presunción de criminalidad sería injusto y podría afectar a cientos de miles de personas cuyo propósito es vivir, trabajar y contribuir dignamente a la sociedad colombiana.
Colombia ha sido un ejemplo internacional de solidaridad con el pueblo venezolano. Esperamos que su Gobierno preserve ese legado y adopte medidas que garanticen la seguridad de los colombianos sin desconocer los derechos fundamentales de quienes huyeron de una tragedia política y humanitaria.
VEPPEX manifiesta su disposición a participar en cualquier espacio de diálogo que contribuya a encontrar soluciones responsables, equilibradas y respetuosas de los derechos humanos.
Atentamente,
JOSÉ ANTONIO COLINA
Presidente
Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX)
